13/06/2024
CONTRALORÍA DETECTA PERJUICIO POR MÁS DE 440 MIL SOLES EN OBRA DE PISTAS Y VEREDAS EN PAUCARTAMBO
La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 442 710 mil soles en la obra de creación de la trocha carrozable Rergoy – Rancas – Shuyhua del Centro Poblado de Acopalca, en el distrito de Paucartambo, provincia y región Pasco, debido a la irregular aprobación de la ampliación de plazos que favoreció al contratista.
En el informe de control específico N°010-2024-2-0449-SCE, que evaluó los hechos ocurridos desde el 1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, se determinó presunta responsabilidad civil, penal y administrativa en el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, Luis Marín Pomachagua Osorio, (candidato a la región Pasco); así como en el exgerente municipal, Rolando Sergio Tueros Ñaña y del gerente de infraestructura urbana y rural, Yeen Norming Masgo Castro.
El equipo de control verificó que el contratista presentó su solicitud de ampliación de plazo ante la entidad cuando correspondía ser solicitada, cuantificada y sustentada directamente a la supervisión. La solicitud fue admitida a trámite de manera irregular otorgando quince días hábiles a la entidad para resolver y notificar su decisión, la mismo que fue comunicada al contratista fuera del plazo máximo previsto, lo que conllevó al consentimiento de ampliación de plazo por 45 días por la demora en el pronunciamiento de la entidad
Asimismo, se evidenció que funcionarios de la entidad admitieron y aprobaron la solicitud de ampliación de plazo N.° 1 presentado por el contratista, a pesar de que la supervisión emitió una opinión negativa por carecer de justificación técnica y procedimiento previsto en la normativa vigente. Además, el contratista no cumplió con anotar en el cuaderno de obra el inicio y fin de las circunstancias que determinaron la ampliación de plazo.
El informe de Contraloría fue puesto en conocimiento del titular de la entidad para el inicio de las acciones administrativas. Además, se remitió a la Procuraduría Pública de la Contraloría General y Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para dar inicio a las acciones legales que correspondan.
