05/26/2026
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JUSTICIA FEDERAL EXHIBE IRREGULARIDADES EN PROCESO CONTRA LITIGANTE DE DURANGO Y ORDENA REPONER AUDIENCIAS POR VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO
El caso del licenciado Miguel Godรญnez Puebla escalรณ a un nuevo nivel jurรญdico luego de que la Justicia Federal concediera el amparo dentro del expediente indirecto 499/2026, determinando que el procedimiento seguido en su contra presenta vicios formales y deficiencias procesales atribuibles directamente a las autoridades jurisdiccionales locales. La resoluciรณn emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango representa un duro revรฉs para las actuaciones del sistema penal local y fortalece los argumentos de la defensa respecto a una presunta persecuciรณn institucional derivada de su actividad como litigante y representante legal de trabajadores que obtuvieron laudos favorables frente al Estado.
La sentencia federal establece que el juez de control responsable incumpliรณ con su obligaciรณn constitucional de conducir adecuadamente el procedimiento penal y resolver de manera clara, congruente y exhaustiva las promociones presentadas por la defensa. De acuerdo con el fallo, la autoridad jurisdiccional confundiรณ y mezclรณ planteamientos jurรญdicos distintos que debรญan analizarse separadamente, particularmente los agravios relacionados con un recurso de revocaciรณn y una solicitud de sobreseimiento sustentada en pruebas documentales exhibidas por el propio litigante. Para la jueza federal, la actuaciรณn del รณrgano local vulnerรณ principios elementales de legalidad procesal y tutela judicial efectiva.
Uno de los puntos mรกs relevantes de la resoluciรณn consiste en que el Poder Judicial Federal sostuvo expresamente que las posibles deficiencias tรฉcnicas o errores de forma contenidos en los escritos de la defensa no podรญan servir como excusa para que la autoridad responsable omitiera estudiar adecuadamente las pretensiones planteadas. El fallo seรฑala que corresponde al juez, en su calidad de rector del procedimiento penal, precisar jurรญdicamente el alcance de las solicitudes sometidas a su conocimiento y encauzarlas correctamente conforme al derecho. En otras palabras, la sentencia deja claro que los errores procesales del รณrgano jurisdiccional no pueden trasladarse al justiciable ni utilizarse para restringir derechos fundamentales.
La jueza federal tambiรฉn advirtiรณ que sostener lo contrario equivaldrรญa a responsabilizar al ciudadano de una conducciรณn procesal deficiente atribuible a la propia autoridad judicial. Esta consideraciรณn adquiere enorme relevancia constitucional porque fortalece los principios de acceso efectivo a la justicia, defensa adecuada y debido proceso establecidos en los artรญculos 14, 16, 17 y 20 de la Constituciรณn mexicana, asรญ como en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.
Como consecuencia directa de las irregularidades detectadas, la Justicia Federal ordenรณ dejar insubsistente la audiencia celebrada el 23 de marzo de 2026 y la resoluciรณn pronunciada durante la misma, instruyendo al Juez de Control titular de la Unidad Cinco del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango a reponer el procedimiento desde esa etapa procesal. Asimismo, se ordenรณ citar nuevamente a las partes para una nueva audiencia de recurso de revocaciรณn, donde deberรกn analizarse debidamente los agravios expuestos por la defensa del litigante.
La sentencia federal tambiรฉn obliga al รณrgano jurisdiccional local a resolver por separado la solicitud de sobreseimiento presentada por Miguel Godรญnez Puebla el 23 de marzo de 2026, cuestiรณn que previamente no habrรญa sido atendida de manera correcta. Jurรญdicamente, el sobreseimiento constituye una figura procesal mediante la cual puede concluirse anticipadamente un procedimiento penal cuando existen causas legales que impiden continuar con la persecuciรณn penal, ya sea por inexistencia del delito, falta de elementos suficientes o violaciones sustanciales al procedimiento. El hecho de que la Justicia Federal ordene analizar formalmente dicha solicitud representa un reconocimiento implรญcito de que existรญan planteamientos jurรญdicos relevantes que fueron ignorados o indebidamente tramitados por la autoridad local.
Otro aspecto particularmente delicado del fallo es que la jueza federal reconociรณ expresamente que no resulta jurรญdicamente posible estudiar el fondo del asunto mientras no se subsanen los vicios formales detectados dentro del procedimiento. Esto significa que, para el Poder Judicial de la Federaciรณn, las irregularidades procesales cometidas son de tal magnitud que impiden incluso realizar un anรกlisis vรกlido sobre la imputaciรณn penal formulada contra el litigante. En tรฉrminos constitucionales, este razonamiento coloca bajo cuestionamiento la legalidad misma del proceso desarrollado hasta ahora por las autoridades de Durango.
La resoluciรณn fue emitida por la jueza federal Flora Mijares Vรกzquez, quien finalmente resolviรณ conceder el amparo y protecciรณn de la Justicia de la Uniรณn para efectos de reponer actos procesales esenciales y corregir las violaciones detectadas durante el trรกmite del procedimiento penal. El fallo aparece firmado electrรณnicamente por autoridades judiciales federales y quedรณ formalmente registrado dentro del expediente 499/2026 del Poder Judicial de la Federaciรณn.
Este nuevo episodio se suma a las denuncias pรบblicas realizadas por Miguel Godรญnez Puebla respecto a su detenciรณn ocurrida el 14 de marzo de 2025, misma que calificรณ como ilegal, arbitraria y realizada con uso excesivo de fuerza por parte de autoridades de la Fiscalรญa Especializada en Combate a la Corrupciรณn del Estado de Durango. El litigante sostiene que fue privado de comunicaciรณn con familiares y abogados, sometido a prisiรณn preventiva pese a que el delito imputado no ameritaba dicha medida cautelar y posteriormente recluido en condiciones que considera violatorias de derechos humanos. Ahora, con la concesiรณn del amparo federal, parte de sus seรฑalamientos comienzan a encontrar respaldo en determinaciones judiciales emitidas por รณrganos federales.
El caso ha generado creciente preocupaciรณn dentro de sectores jurรญdicos debido a que involucra posibles vulneraciones a derechos fundamentales como presunciรณn de inocencia, defensa adecuada, legalidad procesal, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y respeto a resoluciones federales de amparo. Asimismo, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la utilizaciรณn del aparato penal contra litigantes y servidores pรบblicos en contextos donde podrรญan existir controversias predominantemente administrativas o laborales, particularmente cuando tribunales federales terminan exhibiendo irregularidades procesales cometidas por autoridades locales.
